Grupos comunitarios ofrecen ayuda y pruebas de COVID-19 a inmigrantes

PHOENIX – El paquete de $2.2 billones que el Congreso aprobó en marzo para ayudar a víctimas del coronavirus ha proporcionado apoyo médico y financiero a millones de estadounidenses. Además, se han distribuido fondos a poblaciones rurales de bajos ingresos y que carecen de seguro médico.

Sin embargo, muchos inmigrantes han sido excluidos de los beneficios bajo la ley CARES, dejando que grupos locales que defienden los derechos de los inmigrantes intervengan y proporcionen ayuda económica, médica y emocional.   

José Patiño, director de educación y política de la organización Aliento con base en Mesa, dijo que su personal anticipó los estragos que la pandemia podría desencadenar en las familias de inmigrantes después de que los trabajadores comenzaran a perder sus trabajos o sufrieran una reducción de horas laborales, especialmente en el área de construcción e industria hotelera.

“Nos preguntamos: ¿Cuál es una meta que podemos fijarnos que sea lo suficientemente ambiciosa pero también realista?” dijo Patiño.

La organización, que ayuda a los niños de personas que viven en el país sin un estatus migratorio, así como a las familias de estatus mixto, cuyos miembros incluyen ciudadanos y no ciudadanos, estableció un fondo de ayuda. Su propósito es proporcionar $500 en cheques para cubrir el alquiler, servicios públicos y atención médica –si es necesario–  para las familias no elegibles para recibir ayuda federal. 

Hasta ahora, alrededor de 200 familias en los Estados Unidos y Puerto Rico han sido ayudadas, y otras 200 más están en lista de espera.

Según el Centro de Investigación Pew, sólo el 37% de los adultos estadounidenses piensan que los inmigrantes sin un permiso de las autoridades de inmigración deben recibir ayuda financiera relacionada con la pandemia. Aunque, casi dos tercios de los encuestados creen que el gobierno tiene la responsabilidad de proporcionar servicios médicos a esos inmigrantes si son afectados por el coronavirus. 

Pero esos servicios están limitados bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus (CARES, por sus siglas en inglés). 

Desde el 10 de abril, inicialmente se distribuyeron fondos federales de $30 mil millones a hospitales y proveedores inscritos en Medicare para ayudar a cubrir tratamientos relacionados con COVID-19 para personas sin seguro médico. Arizona recibió alrededor de $700 millones para 6,017 proveedores. 

Sin embargo, en la mayoría de los casos Medicaid excluye a los aproximadamente 10.5 millones de inmigrantes que viven el país sin un estatus migratorio, lo que significa que no estarían cubiertos cuando busquen pruebas o la atención de un médico.

La ley federal paga a hospitales por algunos servicios proporcionados a personas sin seguro, de acuerdo al Congressional Research Service. Este dinero está proporcionado independientemente del estatus migratorio de una persona sin seguro médico que sea atendida.

“Lo principal que yo tendría en cuenta es distinguir la ayuda para los proveedores, qué es realmente importante de la cobertura para las personas”, dijo Kelly Whitener, experta en políticas de salud de la Universidad de Georgetown. “Para tener una respuesta comprensiva a una pandemia global, las personas necesitan tener cobertura de salud y necesitan poder acceder a los servicios sin temor”.

Bajo la ley CARES, $1.300 millones se dispersaron a centros de salud comunitarios que sirven a los inmigrantes indocumentados y sin seguro médico. Más de $25 millones fueron entregados a 23 clínicas comunitarias en Arizona, incluyendo Valle del Sol, que tiene centros de salud en Phoenix y Mesa. 

La organización ofrece servicios de salud a la comunidad latina y a las poblaciones desatendidas “que no tienen otro lugar a donde acudir”. La organización ha realizado varias pruebas de COVID-19 dirigidas a aquellos de bajos ingresos o especialmente vulnerables al virus, como los trabajadores agrícolas y de la construcción. Las pruebas se administran independientemente del seguro o estatus migratorio.

Debido a que los pacientes deben proporcionar números de Seguro Social para recibir resultados a través de internet, los trabajadores del Valle del Sol han estado llamando a individuos para entregar resultados, dijo Angela Florez, directora de desarrollo del grupo. Hasta ahora, ninguno de los que ha recibido la prueba ha sido enviado a un hospital. 

Como copresidenta de Aliento en la Universidad Estatal de Arizona, Ivette Sosa, de 19 años, es apasionada en abogar para que los inmigrantes tengan acceso a recursos. Ella y sus dos hermanas menores nacieron en los Estados Unidos, pero sus padres no son ciudadanos. 

El padre de Sosa es un trabajador de la construcción, por lo que ella se preocupa por su seguridad laboral, pero también por su salud.  Indicó además, que la combinación de estrés financiero y emocional ha sido difícil para las familias de estatus mixto.

“Es frustrante que estas personas ayuden a aliviar muchas de las luchas durante estos momentos, sin embargo no pueden beneficiarse de algunos de los recursos o no son incluidos en los paquetes de estímulo”, dijo Sosa.

La Ley CARES excluye a los no residentes, a sus cónyuges ciudadanos estadounidenses y a sus hijos ciudadanos dependientes estadounidenses de recibir cualquier compensación monetaria relacionada con COVID-19, incluso los cheques de estímulo, que requieren un número de Seguro Social válido. Esto se extiende a las parejas casadas que declaran impuestos conjuntamente. 

Si ambos cónyuges no usan un número de Seguro Social para presentar sus impuestos, ellos y sus dependientes no son elegibles para recibir dinero de estímulo en la mayoría de los casos. El no partidista Migration Policy Institute estima que 5.5 millones de ciudadanos estadounidenses o titulares de tarjetas de residencia se les negará la ayuda en virtud de la política que está siendo desafiada en demandas federales.

La ley también creó un nuevo programa federal temporal llamado Pandemic Unemployment Assistance, que proporciona $600 adicionales por semana en beneficios de desempleo para aquellos que han perdido su trabajo o no pueden laborar debido a COVID-19. También requiere un número de Seguro Social; personas con tarjetas de residencia permanente son elegibles.  

Patiño dijo que Aliento ha estado educando a contratistas independientes sobre qué beneficios de desempleo pueden solicitar y que están trabajando para asegurar que aquellos que eventualmente quieran ajustar su estatus migratorio, que el uso de beneficios públicos para pruebas o tratamientos de COVID-19 no afectará negativamente sus solicitudes bajo la regla de “carga pública” del gobierno. 

Para recibir dinero del fondo de Aliento, los solicitantes deben completar una encuesta demográfica de su hogar, necesidades físicas y salud mental. El énfasis en su bienestar es intencional, dijo Patiño, porque uno de los objetivos de Aliento es ayudar a los inmigrantes a sanar los traumas emocionales.

“Se trata de la salud mental, cómo se procesa lo que está pasando si pierdes tu trabajo…, si las escuelas están cerradas y tienes que ir a trabajar pero no tienes una persona que cuide de tus hijos”, dijo Patiño. “Así que necesitábamos incluir estas (preguntas) porque queremos trabajar para asegurarnos de que las personas tengan mecanismos para hacer frente”.

La organización también está utilizando programación en internet para conectarse con los jóvenes y las familias de estatus mixto. Los jueves, Patiño y Reyna Montoya, fundadora y directora ejecutiva de Aliento, organizan Aliento Live en español e inglés para proporcionar actualizaciones sobre el fondo de ayuda y otros recursos. 

La familia de Sosa fue una de las que se beneficiaron de la ayuda en efectivo de Aliento. La ayuda, dijo, “dio esperanza a mi familia y disminuyó esa sensación de soledad”. 

“Donde falta el gobierno, ellos realmente dieron un paso al frente y tomaron la iniciativa para asegurarse de que esté reconociendo que, sí, las familias de estatus mixto necesitan ayuda”, dijo Sosa.

Patiño dijo que el grupo seguirá recaudando dinero para ayudar a más familias. La pandemia, dijo, sólo ha añadido más dolor y dificultades para las familias migrantes que ya estaban luchando, muchos de los cuales incluyen niños que son ciudadanos estadounidenses.

“Hay mucha tristeza”, dijo Patiño, “porque es sólo un recordatorio de que…, en cada momento parece que va a ser excluido y que no perteneces. Y no importa cuánto digan que eres ciudadano estadounidense, no eres realmente un ciudadano, a pesar de que no eres indocumentado, tus padres lo son”.