Investigación a ministro de Defensa de Colombia genera escalada diplomática con Guatemala. Así llegamos hasta aquí
Melissa Velásquez Loaiza
(CNN Español) — Una investigación de la Fiscalía de Guatemala contra el actual ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, en un caso que se lleva en ese país contra la constructora Odebrecht por presunta corrupción, desató una escalada diplomática entre Bogotá y Ciudad de Guatemala, en la que Colombia tildó el proceso de “venganzas de politiqueros”, mientras Guatemala pidió “cordura”.
La situación dejó a los embajadores de los dos países con llamados a consultas, un paso previo al rompimiento de relaciones diplomáticas, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que la crisis con Guatemala llegará “hasta donde quieran llevar la situación”.
Aquí hay un repaso de cómo se llegó a una crisis diplomática entre Colombia y Guatemala.
La investigación contra Iván Velásquez en Guatemala
Este lunes, el fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad de Guatemala, Rafael Curruchiche, informó que abriría una investigación contra Iván Velásquez por supuestamente haber permitido acuerdos de cooperación con directivos de la constructora Odebrecht durante el tiempo que Velásquez fue comisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Cicig, entre 2013 y 2017.
Según Curruchiche, Velásquez deberá responder por “actos ilegales, arbitrarios y abusivos” por dichos acuerdos con directivos de Odebrecht y podría ser investigado por los delitos de “conspiración, obstrucción de la justicia, asociación ilícita… y abuso de autoridad”, dijo el fiscal a W Radio Colombia este martes.
El fiscal dijo en W Radio que hasta ahora se iniciaría la investigación y que hasta el momento no hay ninguna orden de aprehensión contra Velásquez.
Al conocerse esta noticia, Velásquez, quien actualmente es el ministro de Defensa de Colombia, dijo en un comunicado que no había sido notificado de ningún requerimiento por parte de las autoridades de Guatemala, y defendió su trabajo en la Cicig.
“Tengo la tranquilidad de que el trabajo adelantado en el país centroamericano se realizó con total transparencia y dentro del marco legal que amparaba el funcionamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala”, dice el comunicado. Velásquez reiteró su compromiso con “la transparencia, la justicia y la lucha contra la impunidad”.
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Petro definede a Velásquez
El anuncio de investigación y la acusación contra Velásquez no cayó bien en el gobierno de Colombia. Y el presidente Gustavo Petro salió a defender a su ministro diciendo que su gobierno no permitirá que “la corrupción” persiga a Velásquez, y llamó a consultas a su embajadora en Ciudad de Guatemala, Victoria González Ariza.
Este miércoles, cuando se le consultó por la crisis diplomática con Guatemala, el mandatario dijo que esta llegará “hasta donde quieran llevar la situación” y calificó la investigación como una “venganza de politiqueros”. Petro aseguró que Guatemala estaba violando la soberanía de Colombia.
“Lo que está es vengándose de una acción que iba contra la impunidad tomada por Naciones Unidas, no por el gobierno de Colombia, pero con un ciudadano colombiano al frente y que merece todo el respeto por su accionar”, dijo Petro desde Davos.
“Esas venganzas de politiqueros y de corruptos nosotros no la vamos a aceptar, más cuando intentan vulnerar la soberanía nacional. Así que ellos toman sus decisiones, nosotros las nuestras, pero deben tener un mensaje claro: la soberanía de Colombia se respeta”, dijo el mandatario colombiano.
Iván Velásquez, ministro de Defensa de Colombia.
Guatemala pide “cordura”
Entre tanto, el gobierno de Guatemala respondió con la misma acción que el de Colombia y llamó esta semana a su representante diplomático en Bogotá. A través de un comunicado de la Cancillería de Guatemala, agregó que “lamenta que el Gobierno de Colombia vuelva político un tema de orden legal”.
En declaraciones a la agencia de noticias EFE en Madrid, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, aclaró que hasta el momento no hay una orden de captura contra Velásquez, solo un proceso de investigación, y lamentó la postura del Gobierno de Petro.
“En este caso le diría al señor Petro —tal vez el problema es que después de haber sido perseguido y traficante, no comprenda mucho la situación—, que retirar a los embajadores lo único que nos pone es al borde del rompimiento”, afirmó.
Giammattei llamó a no caer en el juego de Petro, a quien pidió cordura.
“Cordura en política significa luchar contra la corrupción. Quienes permiten que la mafia se apodere del estado solo conducen a la sociedad a al genocidio. La historia de Guatemala y Colombia están llenas de genocidios por entregar el Estado a las mafias”, tuiteó Petro.
Entre tanto, el fiscal anticorrupción de Guatemala insiste en que la pesquisa contra Velásquez “es una investigación objetiva e imparcial”, dijo en W Radio.
El secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado de EE.UU., Brian A. Nichols dijo expresó su preocupación por la investigación y dijo que tales acciones “debilitan el Estado de Derecho y la confianza en el sistema de justicia de Guatemala”.
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El papel de Velásquez en la Cicig
Iván Velásquez es un destacado investigador que durante años se desempeñó como fiscal en Colombia, llevando casos importantes ante la justicia, como la lucha frontal contra las autodefensas de Colombia y expuso el nexo de las autodefensas con varios personajes políticos.
Logró que se condenaran a más de 50 congresistas y reveló los vínculos de más de 130 diputados con las estructuras criminales ligadas con los llamados “narcopolíticos”, según la ONU.
En 2013 fue designado como comisionado de la de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un organismo adscrito a las Naciones Unidas. Allí develó importantes casos de corrupción que salpicaron a cuatro expresidentes del país y, en últimas, señaló al entonces expresidente Jimmy Morales por financiamiento electoral ilícito.
En 2015, junto a la fiscal general de Guatemala Thelma Aldana, la Cicig desmanteló el caso La Línea, una red de fraude multimillonaria en aduanas que, según las investigaciones, estaba encabezada por el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Valdetti. Aunque ambos se declararon inocentes, tuvieron que renunciar a sus cargos.
En diciembre de 2022, Pérez Molina y Valdetti fueron condenados a 16 años de prisión por los delitos de asociación Ilícita y caso especial de defraudación tributaria. Ambos fueron absueltos por el delito de enriquecimiento ilícito. Los dos están en prisión desde 2015 y durante todo el tiempo que duró el proceso rechazaron las acusaciones.
Desde septiembre del 2017, la Cicig, que durante 10 años ha develó casos de alto impacto en Guatemala, sufrió ataques del Gobierno del presidente Jimmy Morales.
Velásquez también ha sido crítico con la administración de Alejandro Giammattei. En 2021, dijo que el compromiso del presidente con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, de luchar contra la corrupción, “no es un compromiso sincero” y que el poder corrupto se extendió en el Gobierno.
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La fiscal Thelma Aldana, cabeza del Ministerio Público (i), e Iván Velásquez, presidente de la CICIG, hablan durante un encuentro con empresarios españoles en Ciudad de Guatemala. (Crédito: JOHAN ORDONEZ/AFP/Getty Images)
Otros acusados
El fiscal Curruchiche informó también que dictó por este caso cuatro órdenes de captura, entre las cuales se encuentra la de la exfiscal general de Guatemala, Thelma Aldana.
Curruchiche añadió que esas cuatro personas que tienen orden de captura están señaladas por obstrucción a la Justicia, conspiración y abuso de autoridad.
Tras el anuncio de las órdenes de captura de la Fiscalía de Guatemala, CNN se contactó con Thelma Aldana, quien respondió: “Continúa la criminalización por parte de Consuelo Porras y Curruchiche, ambos designados en la Engel List por corruptos. Lamento que se haya perdido el estado de derecho en Guatemala”.
Aldana, quien fue fiscal General de Guatemala hasta 2018, permanece en Estados Unidos bajo asilo aprobado por el Gobierno luego de que, según la exfiscal, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) revelara que existía un plan para asesinarla en Guatemala.
— Con información de Gerardo Lemos y Melissa Velásquez de CNN en Español.
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