Y después de la consulta popular sobre exfuncionarios en México, ¿qué es lo que sigue? Esto dice un experto

urielblanco

(CNN Español) — Faltan dos días para que se lleve a cabo un ejercicio democrático sin precedentes en México: la consulta popular que preguntará a los mexicanos si están de acuerdo o no en que se lleven a cabo investigaciones contra todos aquellos actores políticos (incluidos los expresidentes) por decisiones tomadas en el pasado.

Es una consulta popular histórica porque es la primera que se realiza en un “marco legal general en el país”, dijo a CNN Uuc-kib Espadas Ancona, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) de México.

Este domingo 1 de agosto, la pregunta que podrán elegir los mexicanos que participen en la consulta es la siguiente:

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

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Los mexicanos podrán votar por dos opciones en la boleta: “Sí” y “No”. Para que el resultado de la consulta popular sea vinculante (es decir, que el Estado se vea obligado a iniciar un proceso de esclarecimiento), se necesita la participación del 40% de la lista nominal de electores en México, según el artículo 5 de la Ley Federal de Consulta Popular.

Más allá del ejercicio democrático, surgen varias preguntas: ¿qué pasa si gana el “Sí”?, ¿qué pasa si gana pero con menos del 40% de la lista nominal de electores?, ¿qué es lo que podemos esperar?

Consulta popular: ¿un paso a la justicia transicional?

Javier Contreras, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que, pese a las críticas que se han registrado contra la consulta (el expresidente Vicente Fox, por ejemplo, la calificó como un hecho “penoso”), este ejercicio es un gran paso a la democracia participativa donde se toma más en cuenta el sentir de los ciudadanos.

Aunque ya no se incluyen los nombres de los expresidentes en la pregunta (algo que revisó ampliamente la Suprema Corte del país), “podríamos esperar con esto el indicativo, de alguna manera soberano, de la ciudadanía de que quieren que se lleven a cabo estos procesos de esclarecimiento y de búsqueda de la verdad”, dijo Contreras en entrevista con CNN.

A su vez, agregó el también maestro en Derecho, esto puede abrir el camino a que comiencen procesos de justicia transicional.

El Gobierno de México define a la justicia transicional como “una serie de mecanismos para acceder a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición posterior a periodos de conflicto, represión y/o niveles de violencia a gran escala y de alto impacto, que llevaron a la comisión de violaciones a derechos humanos de forma tan grave y masiva que el Estado no puede dar respuesta con el sistema de justicia ordinario”.

En este sentido y en caso de que gane el “Sí”, el especialista indicó que algunos ejemplos de justicia transicional que podrían llegar son jurisdicciones especiales, comisiones de la verdad, fiscalías especializadas “para algunos casos en materia de violación de derechos humanos en sexenios pasados”, entre otros.

Uno de los casos de justicia transicional más representativos en México es la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa.

Sobreviviente de Ayotzinapa habla a favor de consulta 5:25

¿Se alcanzaría el umbral del 40%?

Como se mencionó, tiene que participar el 40% de la lista nominal de electores para que el resultado de la consulta popular sea vinculante. Por tanto, es necesario que voten más de 37 millones de personas.

Contreras consideró que es complicado que se alcance el umbral del 40% de los votantes en la consulta; sin embargo, dijo que se deben tomar en cuenta otras cosas más allá de la cifra.

“Puede que no se alcance el 40% para que se convierta en una adhesión automáticamente vinculante para todas las instancias de gobierno y en general del Estado mexicano. Pero sí le va a decir al gobierno, al Estado y sobre todo a la propia población, al propio pueblo de México, que hay una preferencia, hay una indicación por parte de la ciudadanía de que se lleven a cabo estos procesos de esclarecimiento”, comentó.

“Me parece que se va a reflejar un indicativo hacia el sí, pero difícilmente veo que se alcance el 40%”, añadió.

Si la consulta da la mayoría al “Sí”, sea vinculante o no el resultado, ¿qué pasos seguirían?

El también especialista en Filosofía Política y del Derecho indicó que esta es una de las preguntas más complejas, ya que, como se trata de la primera consulta popular que se engloba en todo un marco legal, aún no se tiene un manual con los procedimientos a seguir.

No obstante, sea un “Sí” vinculante (el Estado obligado a iniciar un proceso) o “No” vinculante (solo una sugerencia para el gobierno), México podría comenzar el procedimiento para crear un organismo que atienda la situación.

“¿Qué es lo que creo yo que podría pasar? Que se anuncie ‘Bueno, podemos ver que hay una expresión mayoritaria en favor del sí. Vamos entonces a iniciar la creación de un órgano especializado'”, dijo Contreras.

“Puede ser un (órgano) desconcentrado, puede ser un subsidiario, una comisión, por ejemplo, como la de Ayotzinapa. ¿Para qué? Para empezar la averiguación de estos actos políticos”, añadió.

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Asimismo, el académico de la UNAM señaló que, si se sigue este camino, es probable que sea un órgano especializado por caso, como en el de Ayotzinapa que es una comisión para atender la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’.

“Podríamos pensar en Acteal, podríamos pensar en el Fobaproa, podríamos pensar como ya existe en Ayotzinapa. Y así los diferentes actos políticos que supuestamente se estarían buscando juzgar (a actores políticos del pasado, categoría donde entrar los expresidentes). Pero se busca no personalizar el ejercicio para evitar la violación a los derechos humanos de quienes ocuparon en su momento la titularidad del Poder Ejecutivo”, destacó Contreras.

¿Cuánto tiempo llevarían los procesos después de la consulta popular?

El especialista aseguró que aquí no se pueden tener certezas, pues son muchos factores los que afectan. El primero de ellos, por ejemplo, los retrasos en general en toda la administración pública por la pandemia de covid-19.

“En un segundo momento, seguramente tiene que haber una coordinación entre instituciones autónomas, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y la Fiscalía General”.

“Después, el Gobierno de México, a través de su Secretaría de Gobernación y algunas otras dependencias, se deben coordinar para poder establecer estos mecanismos pertinentes”, explicó Contreras, y agregó que en su momento también tendrá que llegar la participación del propio Poder Judicial “cuando ya se hable específicamente de juzgar, si es que ese punto se llega ahí”.

El tiempo que estima el maestro en Derecho, si se dan las condiciones anteriores, es de entre seis meses y un año para la organización y hacia el término del sexenio para ir realizando el proceso.

“Las investigaciones son muy complejas, y con procesos generalmente largos, sobre todo cuando se trata de términos históricos”, finalizó el académico.

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