A un mes de la detención del primer líder opositor en Nicaragua: ¿cuál es la situación en el país?
Germán Padinger
(CNN Español) — El pasado 2 de junio, hace poco más de un mes, una jueza de Nicaragua ordenó la captura de Cristiana Chamorro, precandidata presidencial de cara a las elecciones de noviembre, tras acusarla de “lavado de dinero” y “gestión abusiva”, entre otros delitos que Chamorro rechazó.
La decisión, anunciada por el Ministerio Público de Nicaragua, dio inicio a una ola de detenciones de líderes opositores al gobierno de Daniel Ortega —entre estos seis precandidatos presidenciales—, activistas y empresarios en su mayoría han sido señalados de cometer “actos contra la soberanía”, previstos por la controversial ley 1055, aprobada en 2020.
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Un mes después, el número de detenidos asciende a más de 20 (tres fueron luego liberados), según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Varias organizaciones internacionales han expresado su preocupación por lo que pasa en el país. Esto es lo que sabemos:
Los que han sido detenidos hasta el momento
La precandidata presidencial Cristiana Chamorro, acusada de lavado de dinero durante su trabajo al frente a de la fundación Violeta Barrios, y los precandidatos presidenciales Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora Barberena y Medardo Mairena Sequeira.
La precandidata presidencial Cristiana Chamorro,
También fueron detenidos los dirigentes opositores José Pallais, José Adán Aguerri y Violeta Granera; el exdiputado Pedro Joaquín Chamorro Barrios -hermano de Cristiana Chamorro-, Freddy Navas López y Pedro Joaquín Mena Amador, también bajo la ley 1055.
La justicia de Nicaragua arrestó además al director de Banpro Grupo Promerica Luis Alberto Rivas Anduray; a los exguerrilleros sandinistas Dora María Téllez Argüello, Hugo Torres Jiménez y Víctor Hugo Tinoco; y a las activistas Tamara Dávila, Ana Margarita Vigil Guardián y Suyen Barahona.
Todos ellos -con excepción de Cristiana Chamorro- fueron detenidos en el marco de la ley 1055 de “Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”, la cual sostiene: “Realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación”.
Todos los detenidos, que han sido también inhabilitados políticamente, han negado los cargos en su contra.
El Cenidh también denunció las detenciones de Joseph Wyman (la empresaria y opositora Verónica Wyman y una colaboradora no identificada fueron también trasladadas durante la detención para ser entrevistadas), además de los los exfuncionarios de la fundación Violeta Barrios, Marcos Fletes y Walter Gómez, detenidos en el marco de la investigación sobre Cristiana Chamorro pero “sin que se conozcan sus ubicaciones y condiciones de detención”, de acuerdo a un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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Joseph Wydman fue luego liberado tras varias horas de detención. Fue llevado por los policías a su casa, donde le hicieron firmar a él y a su madre un acta.
Ortega busca su cuarto mandato consecutivo
Ortega, líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional, fue dirigente del gobierno de la Revolución Sandinista entre 1979 y 1985, tras derrocó al dictador nicaragüene Anastasio Somoza,. Luego fue electo presidente por primera vez entre 1985 y 1990, y finalmente retornó al poder en 2007 tras ganar las elecciones de noviembre de 2006.
Desde entonces se mantiene en el gobierno y fue luego reelecto dos veces, tras una reforma constitucional que eliminó los límites a la reelección para mandatos sucesivos en Nicaragua. En las últimas elecciones, en 2016, incluso compitió junto a su esposa Rosario Murillo como candidata a la vicepresidenta.
El matrimonio presidencial dirige Nicaragua desde entonces ya ha tenido que lidiar con la crisis política que afecta al país desde 2018, cuando un intento del gobierno de aumentar las contribuciones laborales llevó a una ola de protestas -marcadas por una violenta represión- y a gran inestabilidad en el país centroamericano.
Las próximas elecciones presidenciales en Nicaragua, en las que Ortega y Murillo buscarán un cuarto mandato consecutivo, se celebrarán lugar el 7 de noviembre
La reacción de los organismos internacionales y de derechos humanos
A mediados de junio la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó la resolución “Situación en Nicaragua” en la que expresa su “alarma” ante el reciente deterioro del entorno político en ese país y demandó reformas electorales para garantizar elecciones libres y transparentes.
La vicepresidenta Rosario Murillo junto a su esposo, el presidente de Nicaragua Daniel Ortega.
La resolución de la OEA fue aprobada con el respaldo de 26 países, con tres votos en contra y cinco abstenciones, incluyendo entre las que se incluyeron México y Argentina
Estados Unidos, que votó a favor de la declaración, expresó a través del secretario de Estado Antony Blinken que la resolución representa “un claro mensaje de apoyo al pueblo de Nicaragua y su lucha por unas elecciones libres”.
“Es hora de que el régimen de Ortega y Murillo cambie de rumbo”, dijo el secretario de Estado Antony Blinken en una declaración publicada este miércoles.
En tanto la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos un informe de actualización sobre la situación de Nicaragua, demandando la liberación inmediata de los opositores detenidos.
El Cenidh ha condenado la “brutal escalada de represión y persecución contra líderes sociales y políticos”. “Es evidente que el régimen de Ortega Murillo pretende mantenerse en el poder a costa del terror”.
El Mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas en Nicaragua dice además que hay en el país 134 detenidos “arbitrariamente” desde el año 2011, incluyendo a periodistas, candidatos, activistas sociales, políticos y empresarios.
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La ONG Human Rights Watch (HRW) pidió en cambio que las Naciones Unidas jueguen un papel más activo papel en medio de la “campaña de violencia y represión” del presidente Ortega.
La respuesta del gobierno de Nicaragua
El gobierno de Nicaragua ha rechazado estos reclamos considerarlos “injerencistas”. El canciller, Denis Moncada, ha dicho que Managua “no va admitir injerencias ni imposiciones, o que nos obliguen a romper nuestro sistema jurídico”.
La vicepresidenta Murillo cuestionó a los críticos del gobierno: “En cuántos países y en cuántos organismos hemos visto cómo las personas que atropellan a los pueblos, saqueando, robando, son llevadas a la Justicia”.
Finalmente, y tras mantener un largo silencio durante las primeras detenciones, Ortega habló en la televisión el 23 de junio. “Los enemigos de la revolución, los enemigos del pueblo, están gritando que pobrecitos, que cómo es posible que estén detenidos, presos, procesados”, dijo.
“Aquí no estamos juzgando a políticos, no estamos juzgando candidatos, aquí se está juzgando a criminales que han atentado contra el país, contra la seguridad del país, contra la vida de los ciudadanos, al intentar nuevamente organizar otro 18 de abril, otro golpe de Estado, para provocar lo que ellos llaman el ‘cambio de régimen'”, agregó Ortega.
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