La arriesgada táctica por la que optó el Gobierno de Colombia ante las protestas

Mariana Toro

Bogotá (CNN) — Más de un mes después de que los colombianos salieran a las calles por primera vez este año para protestar contra una reforma tributaria fallida y el manejo del Gobierno de la pandemia de covid-19, las tensiones en todo el país están aumentando rápidamente con más de una docena de muertes durante el pasado fin de semana –y una nueva táctica arriesgada del Gobierno.

El viernes, la ciudad de Cali, en el suroeste del país, presenció nuevas escenas de pánico cuando varias personas vestidas de civil aparecieron para abrir fuego contra los manifestantes, según muestran imágenes de las redes sociales. El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, confirmó más tarde que uno de los atacantes era un empleado fuera de servicio de la unidad de investigación de su oficina (CTI). Las investigaciones preliminares sugieren que el hombre mató a dos manifestantes antes de que la multitud que lo rodeaba lo linchara, dijo Barbosa. Desde entonces, las imágenes del hombre golpeado hasta la muerte se han vuelto virales en las redes sociales en Colombia.

En otro episodio, se fotografió a un civil apuntando su arma hacia los manifestantes mientras estaba de pie junto a policías uniformados que no intervinieron. El hombre, Andrés Escobar, publicó más tarde un video en las redes sociales diciendo que estaba disparando balas de goma no letales y pidió perdón por sus acciones. En una entrevista con la estación de radio local BluRadio, Escobar dijo que se sintió impulsado a actuar al ver a «vándalos» corriendo como locos en su vecindario, y que no tenía la intención de matar a nadie.

El director de la Policía Nacional, Jorge Vargas Valencia, anunció que su oficina está investigando el incidente.

Solo en Cali, al menos 13 personas murieron durante el fin de semana, según el Ministerio de Defensa de Colombia. En respuesta a la escalada de violencia en todo el país, el presidente Iván Duque ha desplegado militares en trece ciudades para reforzar a la policía local. El ministro de Defensa, Diego Molano, incluso publicó un video de 500 soldados de camino a Cali, con música triunfal.

Duque dijo que fue presionado para enviar al Ejército para levantar decenas de barricadas de manifestantes que desde principios de mayo han paralizado al país, pero los críticos y algunos analistas ven el despliegue como una apuesta arriesgada destinada a echar más leña al fuego.

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Soldados frente a manifestantes

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«Tener más fuerzas de seguridad en las calles no es un paso en la dirección de la paz», dijo Sebastián Lanz de Temblores, una ONG colombiana especializada en documentar la violencia policial. Su organización ha identificado más de 3.400 casos de abuso policial al tratar con los manifestantes, dice.

Lanz dice que se debe priorizar el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos como un medio para aliviar la situación y respetar el derecho de los civiles a protestar. «Nos preguntamos, ¿este despliegue de soldados realmente tiene la intención de pacificar la ciudad, o es para intimidar y limitar los derechos de los manifestantes?», dijo.

El Gobierno de Colombia cuestiona las cifras de Temblores, pero es difícil negar la mano dura empleada por algunas fuerzas de seguridad colombianas. El lunes, el inspector general de policía Jorge Luis Ramírez dijo que su oficina está investigando 170 casos de abuso a manos de la policía. Once de esos casos están directamente relacionados con el asesinato de manifestantes a manos de policías.

Agregar soldados activos a la mezcla podría aumentar el riesgo de encuentros letales en protestas que de otro modo serían pacíficas, advierte Juan Carlos Ruiz, profesor de ciencias políticas en la Universidad del Rosario de Bogotá.

«Tener a los militares a cargo de una manifestación de protesta no es la mejor idea», le dijo a CNN. «Incluso la policía antidisturbios, con todos los temas e incidentes que han estado involucrados hasta ahora en la protesta, al menos son un cuerpo de profesionales capacitados y especializados en tratar con manifestantes. Un soldado no está capacitado en resolución de conflictos: están entrenados para matar».

Al mismo tiempo, Ruiz dice que la decisión del Gobierno de agregar fuerza militar parecía «inevitable», dado el daño que causan los bloqueos a una economía colombiana ya golpeada por la pandemia de covid-19.

Colombia sufre de problemas crónicos de infraestructura y depende en gran medida del transporte por carretera entre los puertos y las grandes ciudades. Una de las herramientas más efectivas de los manifestantes el mes pasado ha sido bloquear carreteras clave alrededor de Cali y otras áreas urbanas importantes para presionar al Gobierno mediante el congelamiento efectivo del comercio. Durante el último mes, se ha reportado escasez de combustible y productos básicos en Cali y la región circundante, y el Gobierno dice que los obstáculos también se interponen en el camino de su campaña de vacunación contra el covid-19.

Los bloqueos de carreteras son un punto sensible de discusión en las negociaciones en curso entre el Gobierno y el Comité Nacional del Paro de Colombia, una organización de sindicatos de trabajadores y asociaciones cívicas que está marcando la agenda de las protestas. Los manifestantes ven el bloqueo de carreteras como una táctica legítima, mientras que el Gobierno quiere despejar las calles lo más rápido posible y promete tolerancia cero para los manifestantes que obstruyan el camino.

Las negociaciones, aún en curso, hasta ahora no han dado resultados concretos y la tensión continúa creciendo.

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La mirada de Washington

A lo largo de su historia, las fuerzas armadas colombianas han recibido una importante asistencia de Estados Unidos, que ha financiado entrenamiento y equipamiento para empoderar a los soldados colombianos en la lucha contra la guerrilla y las organizaciones narcotraficantes. El año pasado, Estados Unidos destinó 267 millones de dólares para asistencia de seguridad a Colombia.

Ruiz, el politólogo, le dijo a CNN que Duque debe tener cuidado con la forma en que despliega sus tropas ahora. La imagen de los soldados colombianos involucrados en la represión de los manifestantes podría ser difícil de digerir no solo en Bogotá, sino también en Washington, donde más de 50 legisladores estadounidenses pidieron el mes pasado que se detuviera la asistencia a la policía colombiana hasta que se resolvieran las denuncias de abusos contra los derechos humanos.

Según Amnistía Internacional, las armas entregadas por Estados Unidos a la policía colombiana ya se han relacionado con violaciones de derechos humanos.

«El secretario (de Estado) Blinken tiene el poder de detener el miedo y el terror que padecen los manifestantes colombianos, y debe hacerlo de inmediato», dijo Philippe Nassif, director de defensa de Amnistía Internacional en EE.UU., uniéndose a los llamados para una suspensión inmediata de la asistencia relacionada con armas a la policía colombiana.

«Condenamos la violencia y el vandalismo relacionados con las protestas y reafirmamos nuestro apoyo al derecho a la protesta pacífica», dijo a CNN un portavoz del Departamento de Estado. Agregaron: «Damos la bienvenida a los anuncios del Gobierno colombiano de investigar las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía».

Este fin de semana, la vicepresidenta y canciller colombiana Marta Lucía Ramírez viajó a Washington para reunirse con Blinken. Si bien Blinken afirmó los estrechos vínculos entre los dos países, también «reiteró el incuestionable derecho de los ciudadanos a protestar pacíficamente», según el Departamento de Estado.

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Consecuencias duraderas

Al emitir el viernes el decreto que autorizaba la asistencia militar a la policía frente a los manifestantes, Duque enfatizó que era una decisión temporal. Los soldados se retirarán tan pronto como la situación vuelva a la calma, dijo.

Pero Lanz, de la ONG Temblores, advierte que las consecuencias de esta decisión podrían durar mucho más. «Lo que estamos viendo aquí es que las fuerzas de seguridad están reclamando el control territorial del espacio público», dijo.

«Debido al covid-19 y los confinamientos, perdimos el derecho a un espacio público compartido donde todos puedan ser libres. Por un lado, hay manifestantes que están reclamando ese espacio para sí mismos, pero por el otro, el Gobierno está enviando al Ejército luchar por el control. Es una lucha territorial, y no terminará pronto”, agregó.