Así van las negociaciones del paro en Colombia: «Observaciones y ajustes» del gobierno ponen en aprietos avance para levantar el paro en Colombia
Melissa Velásquez Loaiza
(CNN Español) — Las negociaciones entre el Gobierno de Colombia y el Comité Nacional de Paro están en la cuerda floja. Esto luego de que el Gobierno enviara una serie de «observaciones y ajustes» al texto de preacuerdo sobre las garantías para la protesta que se había alcanzado con los representantes del paro, que de haber sido firmadas, se habría instalado la mesa de negociación.
Debido a estas observaciones, los representantes del paro volvieron a convocar protestas en todo el país este 2 de junio, pues dicen, el gobierno «no ha querido establecer un proceso de negociación», según un comunicado enviado este domingo.
El paro, que cumplió un mes el pasado 28 de mayo, sigue en un momento delicado, cuando ya se han registrado por lo menos 47 muertos en el marco de las protestas y hay denuncias de abuso policial, por las que la Policía ha iniciado más de 100 investigaciones. También hay registro de 111 personas desaparecidas e investigaciones para esclarecer por qué civiles armados dispararon contra manifestantes, con permiso de policías.
Y mientras el Comité del Paro pide más movilizaciones, el gobierno ha insistido en la necesidad de levantar bloqueos.
En esto va el paro.
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Ajustes al preacuerdo
Antes de una negociación formal entre el Gobierno y el Comité del Paro —que inició hace tres semanas— los manifestantes piden al gobierno establecer un preacuerdo sobre garantías de la protesta. Esto significa desmilitarizar ciudades, que no se use la asistencia militar para controlar la protesta, que no se usen tampoco armas de fuego para controlar las manifestaciones y que se pongan límites a la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios.
Y si bien ya las partes habían alcanzad un preacuerdo y el 24 de mayo —que solo debía ser ratificado por el presidente Iván Duque—, el Comité del Paro dijo que estas observaciones no se tratan solo de «ajustes de redacción» sino que con estas observaciones, «se trata de deshacer el preacuerdo logrado y con ello cerrar cualquier posibilidad de la negociación», dijo el Comité Nacional del Paro en un comunicado este lunes.
«Ante la negativa del gobierno de firmar el preacuerdo de garantía para la protesta pacífica del 24 de mayo, hemos hecho una nueva propuesta al gobierno nacional donde el tema central es insistir en el acuerdo insistir en la desmilitarización de la protesta social y el respeto a los derechos humanos», dijo Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, este domingo.
El viernes, el presidente de Colombia, Iván Duque, ordenó el “máximo despliegue de asistencia militar” para la Policía en Cali y en el Valle del Cauca, y anunció que unos 7.000 efectivos militares ayudarían en labores de desbloqueo de vías. El sábado, anunció medidas similares para la ciudad de Popayán.
El Comité del Paro rechazó esa militarización.
«El viernes al final de la noche el país conoce el decreto 575, que impone asistencia militar a 8 gobernadores y 13 alcaldes. Se trata de una conmoción interior parcial y de facto, que elude el control constitucional, involucra a los militares en el manejo de la protesta y subordina las autoridades civiles a los mandos militares, configurando con ello un golpe de Estado», dijeron en un comunicado este domingo.
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Gobierno pide levantar los bloqueos
Con este paquete de observaciones por parte del gobierno, el Comité del paro ha llamado de nuevo a movilizaciones en todo el país el 2 de junio.
Este lunes, el consejero del equipo negociador del gobierno, Emilio Archila, reiteró la “necesidad” de que el Comité Nacional de Paro levante los bloqueos en el país. Archila dijo que el martes el gobierno se reunirá con el Comité Nacional de Paro y llevarán “nuestra versión de la propuesta que ellos han traído sobre las garantías y vamos a reiterar la necesidad que se levanten la totalidad de los bloqueos”.
Pero los manifestantes dijeron que el gobierno incorporó una exigencia al Comité Nacional del Paro para que condene y «criminalice» los cortes de vías «desconociendo la postura que hemos hecho pública y las decisiones que se han tomado en varios territorios de reorientar los cortes de vías», dijeron en un comunicado.
Este martes hay una nueva reunión entre las partes. Archila, representante del gobierno en las negociaciones, dijo estar «listo para la negociación» y que «los bloqueos no son una forma de protesta».
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Avances en otras zonas del país
Si bien en Bogotá, la capital del país, no se ha avanzado en los acuerdos con el Gobierno, la buena noticia es que en lugares críticos como Cali y el departamento del Cauca, en el suroccidente de Colombia, se anunciaron avances hacia las negociaciones.
Este lunes la primera línea de resistencia de Cali, que tuvo acompañamiento de la Iglesia católica, anunció que se institucionalizó la mesa de diálogos en la que entre otros, se conformó una «comisión de derechos humanos para el esclarecimiento de hechos ocurridos en la protesta» en Cali. Además esta mesa será un «espacio exclusivo» para que se definan agendas que busquen la participación social y brindar garantías de participación para los manifestantes en esa ciudad.
«Como un gesto para fortalecer el espacio de diálogo… la Unión de Resistencias Cali se comprometen a avanzar progresivamente hacia las vías de confianza en sus puntos de resistencia en cuanto se dé cumplimiento al decreto distrital, lo cual va a permitir viabilizar la movilidad de los habitantes de Cali», dijeron en un comunicado los manifestantes de Cali.
Entre tanto, desde el departamento de Cauca, organizaciones indígenas anunciaron un «pacto para la reestructurar la política Nacional» y definieron «levantar los bloqueos en el suroccidente del país de manera paulatina, las organizaciones sociales hicieron un pacto para unirse y proponer salidas a la actual crisis política del país», según el Consejo Regional Indígena del Cauca.
La ONU y la CIDH piden diálogo
Mientras las partes buscan llegar a un acuerdo para dar solución al paro, la ONU se pronunció ante los «graves acontecimientos» (de violencia) en ciudades como Cali y otros departamentos e instó al diálogo como «instrumento fundamental para resolver los conflictos».
Carlos Ruiz Massieu, representante especial de la ONU en Colombia, hizo un llamado a todos los sectores «a prevenir y eliminar la violencia y hacer todo lo posible para disminuir las tensiones y evitar su escalamiento».
«En cualquier circunstancia, incluso en las más difíciles, tenemos que impulsar el diálogo», dijo Massieu en un comunicado este fin de semana.
Entre tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, anunció su visita a Colombia entre el 8 y 10 de junio para observar la situación de derechos humanos en el marco de las protestas.
«En particular, la CIDH buscará escuchar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares para recibir sus testimonios, denuncias y comunicaciones; así como a personas que resultaron afectadas por acciones de violencia en ese contexto», dijo el organismo en su cuenta de Twitter.
En particular, la #CIDH buscará escuchar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares para recibir sus testimonios, denuncias y comunicaciones; así como a personas que resultaron afectadas por acciones de violencia en ese contexto. #Colombia #DDHH 3 — CIDH – IACHR (@CIDH) May 31, 2021
Investigan violencia de policías y civiles en medio de las manifestaciones
La Policía Nacional dio a conocer este lunes que adelanta 170 investigaciones disciplinarias por “posibles fallas cometidas por miembros de la institución” desde el inicio de las protestas el pasado 28 de abril. “82 de estas investigaciones se han iniciado por posible abuso de autoridad, 11 están relacionadas con homicidios, 32 tienen que ver con agresiones físicas, 18 con lesiones personales, 2 con denuncias de acoso sexual y 25 por otras conductas”, explica un comunicado de la Policía.
La Procuraduría General dice que tiene a cargo 54 indagaciones preliminares y hay 34 casos a cargo de la Justicia Penal Militar.
Entre tanto, el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, informó este lunes que avanza el proceso de identificación de por lo menos 5 civiles y varios policías que supuestamente permitieron que personas dispararan armas de fuego el 28 de mayo en Cali.
La Dirección de Investigación Criminal e Interpol de Colombia (Dijin) está recaudando las pruebas para que la Fiscalía, en el caso de los civiles, y la Justicia Penal Militar, en de los uniformados, “actúen con prontitud”. Vargas señaló que la Procuraduría General de la Nación asumió con poder preferente las investigaciones por lo ocurrido en Ciudad Jardín en Cali y “cuenta con todo el respaldo y la colaboración de la Policía Nacional”. Por otro lado, informó que se dieron instrucciones para que el comando de la Policía Metropolitana de Cali emita órdenes precisas sobre la actuación de los policías.
Y finalmente, Colombia ha reportado por lo menos 111 desaparecidos en el marco de las protestas.
Aún hay más de 100 desaparecidos tras un mes de protestas 2:54
La Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo de Colombia informaron este lunes sobre la localización de 308 personas que habían sido reportadas como desaparecidas mientras que el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) continúa activo en 111 casos.
En base a información de Fiscalía, se registraron tres denuncias por presunta desaparición forzada, al parecer, en el marco del paro nacional, por hechos ocurridos el 4 de mayo en Zaragoza (Antioquia), el 18 de mayo en Caldas (Antioquia) y el 20 de mayo en Yumbo (Valle del Cauca). La cifra de muertos se ubica en 48, de los cuales 20 están relacionados directamente con las protestas, 19 no tienen vínculo alguno con las manifestaciones y los 9 casos restantes están en proceso de verificación. Especificaron que el reporte recoge datos entre el 28 de abril hasta el 30 de mayo.
La ONG Temblores e Indepaz, que llevan un recuento sobre hechos de violencia en medio de las protestas que iniciaron el 28 de abril, han reportado hasta el 28 de mayo:
1.133 hechos de violencia física Al menos 65 personas asesinadas en el marco de las manifestaciones por el paro nacional. 1.445 detenciones arbitrarias contra manifestantes 22 víctimas de violencia sexual 175 disparo con armas de fuego.
