Fact check: guía para entender lo que está pasando en Colombia
(CNN Español) — Colombia completa un mes de manifestaciones contra el gobierno de Iván Duque en una serie de demandas que empezaron, este año, contra una reforma tributaria —que fue retirada posteriormente por el Gobierno—, pero que se han extendido a decenas de peticiones más, mostrando un descontento generalizado entre la población colombiana.
Un mes después del inicio de las protestas, el 28 de abril, las manifestaciones en su mayoría pacíficas siguen en pie, pero varias ciudades del país han visto violencia desmedida que viene tanto de manifestantes como de la fuerza pública. Decenas de colombianos han muerto y en el país se profundiza la división política, con culpas repartidas de lado y lado.
Aquí hay cinco afirmaciones que se hacen del paro, examinadas desde diferentes puntos de vista para mostrar la divisiva situación por la que atraviesa el país.
1. Las manifestaciones son violentas
En un mes de protestas, la mayoría de las manifestaciones masivas han sido pacíficas. Miles de personas se han movilizado en ciudades grandes y pequeñas exigiendo en principio el retiro de la reforma tributaria (que fue retirada), pero después una serie de exigencias más como el rechazo a la reforma a la salud —que también fue retirada—, rechazar el gobierno de Duque, la violencia policial, entre otros. En este link puedes encontrar más sobre las peticiones de las manifestaciones.
Sin embargo sí ha habido hechos de violencia en el marco de las manifestaciones antigubernamentales.
Entre los más recientes hechos de violencia están la quema del Palacio de Justicia del municipio de Tuluá, en el Valle del Cauca, en el suroccidente de Colombia. Según el ministro de Defensa, Diego Molano, vándalos incineraron el lugar para «obstruir la justicia».
Ocurrió en una URI en Popayán, también en la casa de justicia en La Plata. Ahora pasa en Tuluá. Los vándalos quieren obstruir la justicia con quemas como la de esta noche del Palacio de Justicia en Tuluá. Infame que lo celebren. Los responsables van a conocer el peso de la Ley. pic.twitter.com/eP8vq5qTnU
— Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) May 26, 2021
En Bogotá, se registraron enfrentamientos violentos y el Escuadrón Móvil Antidistubios de la Policía (Esmad) intervino en la noche del 26 de mayo, según la Alcaldía de Bogotá, que denunció también que fueron vandalizados edificios públicos.
https://twitter.com/sgeneralbogota/status/1397905409734856706?s=20
Bogotá también fue escenario de un ataque violento la noche del 5 de mayo contra policías. Manifestantes violentos intentaron quemar vivos a 15 policías en una estación de policía en el sur de Bogotá. Todos salieron ilesos.
También ha habido decenas de muertos en este mes de protestas y muchos hechos violentos en varias ciudades del Valle del Cauca, que ha sido el epicentro de las protestas en las últimas semanas.
2. La policía viola derechos humanos
Manifestantes, líderes del paro y organizaciones de derechos humanos han denunciado violencia policial contra quienes protestan.
La ONG Temblores, entre otros, han denunciado desde hace semanas violencia contra los manifestantes por parte de la policía. Esto se resume en al menos 43 homicidios presuntamente por violencia policial, 3.155 hechos de violencia policial y por lo menos 46 víctimas de agresiones en sus ojos, según el más reciente informe de Temblores.
El Ministerio de Defensa dice que de esos 47 muertos en el marco del paro nacional, 17 muertes están relacionados a las protestas, 9 están en proceso de verificación y 19 no tienen vínculo con las manifestaciones.
También está el caso de un joven de 17 años que murió por el disparo de un policía.
La Fiscalía ha anunciado cargos por homicidio contra un agente de la Policía luego de que se le viera en un video disparándole a un joven de 17 años que habría muerto a causa de esto en la ciudad de Cali, durante el primer día de manifestaciones. La fiscalía acusó al agente de policía Luis Ángel Piedrahita Hernández de homicidio agravado en relación con la muerte de Marcelo Agredo Inchima. El agente Piedrahita Hernández mantiene su inocencia y el caso pasará a un tribunal penal.
El jefe de la Policía Nacional de Colombia, el general Jorge Luis Vargas, quien asumió hace tan solo hace cuatro meses su nuevo cargo, defendió la credibilidad de la fuerza pública diciendo que la policía sería la primera en reconocer sus faltas.
«Cualquier acto que un policía cometa en contra de la ley es rechazado contundentemente», dijo la semana pasada el general Vargas, en declaraciones al diario español El País. «Quien tenga responsabilidad individual, esperamos que le caiga todo el peso de la ley. Y seremos los primeros en pedir perdón cuando se determine», añadió.
El ministro de Defensa Diego Molano, quien también ha sido duramente criticado por la actuación de la fuerza pública durante las protestas, dijo que la responsabilidad de la violencia no es de la Policía, sino de los violentos.
“La discusión no puede ser cuántos civiles o policías han resultados heridos o muertos. Ninguno debió haber salido afectado. Mi solidaridad con todos. Pero la responsabilidad no es de la Policía, es de quienes generan la violencia”, dijo Molano en un debate de moción de censura en la Cámara de Representantes.
Molano también reportó ante el Congreso que se han presentado 155 hechos irregulares en actos de la policía en el marco que las protestas y que actualmente se están haciendo investigaciones por parte de la inspección general de la policía.
Pero los manifestantes y líderes del paro han denunciado que la violencia es tal, que una de las condiciones previas para instalar una mesa de diálogos con el gobierno es que haya «compromisos ciertos y verificables» para que cese la violencia y se pueda protestar libremente sin que haya violencia policial.
El presidente Iván Duque dijo en una entrevista recientemente publicada que «las protestas quieren destruir la credibilidad, la confianza y el buen nombre de Colombia».
3. Gustavo Petro es el líder de las protestas
El presidente Iván Duque apareció el fin de semana pasado en una entrevista en inglés acusando, sin nombrarlo, al líder de izquierda Gustavo Petro de querer sacar partido político de las manifestaciones.
«Cuando gané la elección el candidato que derroté dijo que estaría en las calles todo mi mandato. Que iba a protestar todo mi mandato. Que su propósito era no dejarme gobernar el país. Eso lo dijo. Entonces sabemos que para algunas personas esta crisis es también un instrumento político», dijo Duque en una entrevista que fue polémica para muchos porque acusó al paro de estar infiltrado por guerrillas, criminalizar la protesta, etc.
«Creo que viendo toda esta situación en un año preelectoral demuestra que hay alguna gente que en sus intereses políticos no están a favor de la recuperación económica. No están a favor de la vacunación masiva, no están a favor de atender a los más pobres. Porque si esas cosas suceden, se debilita su discurso», agregó.
Petro se pronunció sobre el hecho y rechazó lo que dijo Duque: «Eres un mentiroso Duque, jamás dije que mi propósito fuera no dejarlo gobernar. A usted no lo deja gobernar, usted mismo».
Ese fin de semana la Revista Semana acusó a Petro en su portada de ser el responsable de la violencia en las protestas, con una portada que lo pone con media cara manchada de sangre y la frase «Petro, basta ya».
«Gustavo Petro es el protagonista del paro, y sus redes sociales atizan la hoguera», dice el editorial de la revista. «… le llegó la hora de pensar primero en Colombia que en conquistar, como sea, la presidencia».
Petro denunció como «difamatoria» a la Revista Semana y dijo que su portada pone en peligro su vida, la de su familia y la de su partido, Colombia Huamana.
El partido de Petro rechazó la portada y dijo que se usó al periodismo para «declarar como blanco a un ser humano y a todo su entorno, estigmatizando la protesta social y desconociendo las protestas válidas que tiene la juventud para manifestarse».
Petro no se ha identificado como el líder de las protestas, aunque sí ha defendido el derecho a la protesta. Los líderes de las protestas no se han afiliado a partido político alguno y son representantes de la Confederación Unitaria de Trabajadores y de los estudiantes los que han ido a negociar con el Gobierno las últimas dos semanas.
4. Las manifestaciones causan desabastecimiento de alimentos
Así se ven los supermercados y las gasolineras en Cali 2:31
Las manifestaciones han causado bloqueos en algunas vías de Colombia, que no han permitido la libre circulación de transporte por algunas vías del país en este mes de paro.
La Defensoría del Pueblo alertó el pasado fin de semana sobre dificultades «para la movilización de alimentos en 29 de los 32 departamentos del país» y afectación directa a 300 municipios y parálisis para la distribución de productos agrícolas.
Los departamentos del país más afectados por esto son Valle del Cauca, Cundinamarca, Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Santander, Tolima, Huila, Meta, Risaralda, Quindío, Nariño, Magdalena, Guajira, Córdoba, Norte de Santander y Caldas, según un comunicado de la Defensoría del Pueblo.
Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), dijo a CNN que millones de dólares en exportaciones se perdieron por cuenta de los bloqueos, y dijo que la solución es «levantar los bloqueos de manera total».
Sin embargo, Bedoya dijo que en algunos departamentos del país ha mejorado la movilidad de alimentos porque se ha permitido el flujo de la fruta que estaba represada en los camiones, pero denunció que a muchos conductores de los camiones «los están amenazando los que están haciendo los bloqueos… para que no vayan a trabajar», por lo que el costo del transporte ha aumentado.
Bedoya dijo también que además del desabastecimiento de alimentos también se generan pérdida de empleos con los bloqueos.
A pesar de esta situación, el Ministerio de Defensa ha dicho en semanas pasadas que gracias a corredores humanitarios se pudo abastecer el occidente colombiano, permitiendo el ingreso de camiones para que lleven mercancía y alimentos a las plazas de mercado.
5. El paro está infiltrado por grupos armados
Tanto el presidente Duque como el Ministerio de Defensa y la Fiscalía de Colombia han dicho que hay personas vinculadas con las disidencias de las FARC y el ELN en las manifestaciones.
El pasado jueves, la policía dijo que fueron arrestados 25 personas a quienes considera “patrocinadores de actos vandálicos» registrados en Cali en las últimas semanas. Los arrestos se realizaron en coordinación con la Fiscalía General tras 29 allanamientos en Bogotá, Cali, Medellín y Buga, según un comunicado de la Policía.
Pero líderes sociales, como la Guardia Indígena, se han pronunciado contra de lo que ellos llaman «criminalizar» la protestas para deslegitimarlas, y que se pone en riesgo la vida de quienes salen a protestar legítimamente contra el gobierno.
Uno de esos casos se dio en el departamento de Cauca a mediados de mayo, cuando el ministro de Defensa, Diego Molano, se reunió con las autoridades locales. Luego de eso salió en medios de comunicación a ofrecer una recompensa por supuestos disidentes de las Farc que estarían, supuestamente, detrás de hechos delictivos en las manifestaciones.
El gobernador del Cauca, Elías Larrahondo Carabalí, rechazó las acusaciones de Molano y dijo que las personas que nombró como supuestos disidentes de las Farc son líderes sociales reconocidos en la región y que en la reunión no se acordó un plan de recompensas.
Indepaz, un centro de pensamiento que ha acompañado el trabajo con los líderes sociales en la protesta, dijo en comunicado que las acusaciones del ministro de Defensa ponen en peligro «la integridad y la vida de las personas señaladas». La organización dijo que tres de los señalados son líderes sociales que han «desarrollado actividades por la memoria y la paz».
«En la práctica, el señalamiento de estos jóvenes como objetivos de alto valor equivale a autorizar su captura ya su ejecución como se acostumbra con objetivos de guerra de las llamadas disidencias de las Farc», alertó Indepaz.
Molano dijo ante el Congreso que los responsables de la destrucción y las afectaciones a la vida y a la tranquilidad deben ser localizados y puestos a disposición de la justicia.
