Empresarios de Nicaragua advierten que reforma a ley de los consumidores compromete al sistema financiero
(CNN Español) — La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este miércoles la iniciativa de reforma a la Ley de protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarios.
Los diputados oficialistas dicen que el texto defiende los derechos de los consumidores, pero para diputados opositores y un grupo de empresarios, la legislación podría permitir que funcionarios sancionados abran cuentas y afecten el sistema financiero nacional.
El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Michael Healy, dijo que la reforma podría causar la expulsión de Nicaragua del sistema financiero internacional.
En un comunicado, el Cosep agrega que podría promover «prácticas que incitarían al lavado de dinero” y que el sistema bancario nicaragüense quede sin sus corresponsalías en el extranjero.
Por su parte, la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp), a través de una carta dirigida el 28 de enero a la Comisión de Producción, Economía y presupuesto de la Asamblea Nacional, expresó que esta Iniciativa contradecía el marco legal del sistema financiero del país.
«Transgrede el principio de autonomía de la voluntad en los contratos y la libertad contractual al impedirle a los bancos que, de manera libre, elijan con quién iniciar relaciones comerciales e igualmente decidir cuándo cancelar la relación con un usuario o consumidor, facultad que está en sus contratos y reglamentos, los cuales son del conocimiento del cliente o usuario», indicó.
La oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado a más de una veintena de funcionarios del gobierno del presidente Daniel Ortega, a los cuales han señalado de violar derechos humanos, socavar la democracia o estar vinculados a actos de corrupción.
El presidente Daniel Ortega ha rechazado los señalamientos bajo el argumento que su gobierno enfrentó un intento de golpe de estado. Ortega ha reiterado en sus discursos que estas acciones constituyen una agresión a la soberanía y constituyen injerencia en asuntos internos del país.
