Perú amplía el estado de emergencia en medio de las protestas violentas que dejan decenas de muertos
Alexandra Ferguson
(CNN) — Perú vive uno de sus momentos más violentos en décadas tras la destitución del expresidente Pedro Castillo, mientras los manifestantes que se oponen al gobierno actual exigen un cambio político en el país.
En diciembre pasado se impuso el estado de emergencia, aeropuertos y carreteras fueron escenario de algunos enfrentamientos, y cientos de turistas extranjeros quedaron varados en el país en medio del caos.
Hasta la fecha, decenas de personas han muerto en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Al respecto, grupos de derechos humanos aseguran que las autoridades ejercieron un uso excesivo de la fuerza contra las protestas, el cual incluyó armas de fuego. Por su parte, el Ejército afirma que los manifestantes han utilizado explosivos y armas improvisadas, informa Reuters.
Durante el fin de semana, el gobierno de Perú prorrogó por 30 días el estado de emergencia en la capital, Lima, y en las regiones de Cusco, Puno y la provincia constitucional de Callao. El estado de emergencia suspende varios derechos constitucionales, como la libertad de circulación y de reunión.
El cargo de la nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, parece ahora tan asediado como el de su predecesor. En enero, la Fiscalía General de Perú abrió una investigación sobre la gestión de los disturbios por parte de Boluarte, y varios de sus ministros han dimitido.
Más de una docena de personas murieron en Juliaca el 9 de enero. Crédito: José Sotomayor/AP
¿Por qué están tan enojados los manifestantes?
La destitución de Castillo ha acelerado las tensiones políticas en el país.
Los manifestantes exigen nuevas elecciones, la dimisión de Boluarte, un cambio en la Constitución y la liberación de Castillo, que se encuentra en prisión preventiva.
Castillo, exmaestro y líder sindical que nunca había ocupado un cargo electo antes de convertirse en presidente, procedía del Perú rural y se presentaba como un hombre del pueblo. Muchos de sus partidarios proceden de las regiones más pobres, con la esperanza de que Castillo ofreciera mejores perspectivas a la población rural e indígena del país.
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Aunque se han producido protestas en todo el país, la mayor violencia se ha producido en el sur rural e indígena, que lleva mucho tiempo enfrentado a las élites costeras blancas y mestizas.
El poder legislativo peruano también es visto con escepticismo por la opinión pública. El presidente y los congresistas no pueden tener mandatos consecutivos, según la ley peruana, y los críticos han señalado su falta de experiencia política.
¿Qué ha provocado los recientes disturbios en Perú?
La política peruana ha estado sumida en la disfunción durante años, siendo Boluarte su sexto presidente desde 2018.
Se sumió de nuevo en la agitación política en diciembre cuando Castillo intentó disolver el Congreso e instalar un gobierno de emergencia.
Castillo, cuyo breve tiempo en el cargo se había visto salpicado por varias investigaciones por corrupción, fue sometido a juicio político y destituido. Actualmente está acusado de delitos de rebelión y conspiración, que él ha negado.
Sus partidarios salieron a la calle en los días posteriores a su destitución, exigiendo su liberación en lo que algunos han descrito como una “insurgencia nacional”.
Boluarte asiste a su ceremonia de investidura en Lima, Perú, el 7 de diciembre. Crédito: Sebastián Castañeda/Reuters
Los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía han causado muertes y han exacerbado el miedo y el enojo en ambos bandos.
Tras la tregua navideña, las manifestaciones se reanudaron a principios de enero. Al menos 17 personas murieron en protestas antigubernamentales en la ciudad sureña de Juliaca, en la región de Puno, donde vive la mayoría de la población indígena aymara.
Las autopsias practicadas a los 17 civiles muertos revelaron heridas causadas por proyectiles de arma de fuego, según declaró a CNN en Español el jefe de medicina legal de Juliaca.
Días después, un agente de policía murió quemado por “sujetos desconocidos” mientras patrullaba la zona, según la policía.
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¿Cómo ha respondido el gobierno actual a las protestas?
Boluarte ha luchado por apaciguar a los manifestantes. A mediados de diciembre, su entonces ministro de Defensa, Otárola, declaró el estado de emergencia y desplegó tropas en las calles.
La violencia subsiguiente ha causado centenares de heridos y, según el Defensor del Pueblo, al menos 49 personas han muerto desde el inicio de las protestas.
En enero, la fiscalía peruana abrió una investigación contra Boluarte, Otárola y otros ministros clave por el presunto delito de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves” en relación con el derramamiento de sangre. Boluarte ha dicho que colaborará con la investigación.
La fiscalía general también ha dicho que investigará al ex primer ministro Pedro Angulo y al exministro del Interior César Cervantes, que estuvieron bajo las órdenes de Boluarte solo unas semanas, por su implicación en la gestión de las protestas.
Varios ministros de alto rango han dimitido desde que comenzaron las protestas. El exministro de Trabajo del país Eduardo García Birmisa dimitió el jueves, pidiendo a la presidenta de Perú que se disculpara y convocara elecciones generales, según una carta publicada en su cuenta de Twitter. El exministro del Interior Víctor Rojas Herrera y la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Grecia Rojas Ortiz dimitieron al día siguiente.
A pesar de la creciente presión política, Boluarte ha dicho que no tiene intención de dejar el cargo.
En un discurso televisado el viernes en la cadena estatal TV Perú, Boluarte dijo a la nación: “No voy a renunciar, mi compromiso es con el Perú y no con ese grupo minúsculo que está haciendo sangrar a la patria”.
Otras reacciones
El derramamiento de sangre en Perú ha atraído la atención mundial. El 10 de enero, la Unión Europea emitió una declaración en la que condenaba la violencia y hacía un llamamiento al diálogo en el país; al día siguiente, se envió a Perú una misión de observación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Seguimos profundamente preocupados por la violencia continuada en Perú y entristecidos por los heridos y muertos. Todos los peruanos merecen vivir en paz y disfrutar de la democracia que tanto les ha costado conseguir.
Apoyamos la paz en todas las partes y los compromisos declarados del gobierno para abordar los retos que afectan al país”, tuiteó el viernes Brian A. Nichols, subsecretario de EE.UU. para Asuntos del Hemisferio Occidental. La Organización de los Estados Americanos se reunirá para “analizar la situación en Perú” el 18 de enero.
¿Quién es Pedro Castillo?
Castillo surgió de la oscuridad para ser elegido en julio de 2021 por un estrecho margen en una segunda vuelta, y fue visto como parte de una “marea rosa” de nuevos líderes de izquierda en Latinoamérica.
Simpatizantes del depuesto presidente Pedro Castillo se enfrentan a las fuerzas policiales en la ciudad andina peruana de Juliaca el 7 de enero de 2023. Crédito: Juan Carlos Cisneros/AFP/Getty Images
A pesar de que su plataforma prometía reescribir la Constitución y aumentar la redistribución de la riqueza, en su breve presidencia Castillo tuvo problemas para cumplir esas promesas en medio de la creciente inflación en Perú, su falta de experiencia política y una fuerte oposición conservadora en el Congreso.
Su gobierno se sumió en el caos, con docenas de ministros nombrados, sustituidos, despedidos o que dimitieron en poco más de un año. El propio Castillo se enfrentó a múltiples investigaciones por corrupción y a dos intentos fallidos de destitución antes de ser destituido finalmente.
Castillo ha negado repetidamente las acusaciones en su contra y ha reiterado su disposición a cooperar con cualquier investigación de corrupción. Sostiene que las acusaciones son el resultado de una cacería de brujas contra él y su familia por parte de grupos que no aceptaron su victoria electoral.
Su detención ha suscitado la indignación de varios líderes latinoamericanos de izquierda, que denunciaron su destitución y afirmaron que Castillo había sido víctima de un “acoso antidemocrático” desde su elección en 2021.
Después de que su familia recibiera asilo en México, Perú ordenó al embajador de México que abandonara el país en un plazo de 72 horas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú dijo que la decisión se tomó después de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hiciera comentarios sobre Perú, calificándolos de una “injerencia inaceptable en asuntos internos, en clara violación al principio de no intervención”.
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