Ministerio Público de Nicaragua acusa a candidata vicepresidencial del Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) de “provocar y conspirar para cometer actos terroristas”
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(CNN Español) — El Ministerio Público de Nicaragua informó este miércoles en un comunicado que acusó a la candidata vicepresidencial por el Partido Ciudadanos por la Libertad (CXL) Berenice Xuyamí Quezada Herrera de cometer “supuestos actos que fomentan e incitan al odio y la violencia”, acciones que según el documento, “encuadran con el tipo penal de provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas tipificado en el artículo 398 del código penal”. Según el Ministerio Público, realizó audiencia preliminar y la autoridad admitió la causa y determinó que el proceso sea llevado en libertad, aunque no especifica si Quezada está bajo arresto domiciliario.
La dirigente política publicó este miércoles un mensaje en su cuenta de Instagram agradeciendo a quienes se han preocupado por su integridad física e indicó que se encuentra bien. “Ayer se me ha notificado que estoy inhibida como candidata a la vicepresidencia”, detalló Quezada.
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CNN no ha podido saber cómo responde Quezada a esta acusación, ya que no ha respondido a los mensajes. El partido Ciudadanos por la libertad tampoco ha informado el nombre del abogado que la representará.
Varias personas que se autodenominan “familiares de víctimas” y “víctimas directas” de la que el gobierno califica de “violencia terrorista” impuesta en Nicaragua en 2018, habían denunciado el martes a Quezada ante la Procuraduría para de Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) por presunta “apología del delito e incitación al odio” y pidieron su inhibición para optar a cargos públicos, luego de que el Partido Ciudadanos por la Libertad la inscribiera oficialmente como candidata a la vicepresidencia.
Según los denunciantes, Quezada incitó al pueblo nicaragüense a promover “actos de violencia y terrorismo”, que según el gobierno, ocurrieron en 2018. En el partido CXL se limitaron a informarnos que su familia contratará a un abogado, pero desconocen el nombre.
La Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Darling Ríos recibió la denuncia. “La Procuraduría da por recibida esta denuncia que están realizando los familiares de las víctimas del terrorismo de 2018 y que también está en el marco de un delito. En realidad una violación a los derechos humanos colectivos que tenemos todos los nicaragüenses de vivir en paz, de vivir con seguridad y nuestra institución dentro de su competencia y dentro de lo que podemos garantizar en el acompañamiento y coordinación interinstitucional y que debemos garantizar para proteger la vida, para proteger la seguridad y para proteger el bien común de nuestro pueblo, estaremos innegablemente realizando, expresó Ríos al portal oficial el 19 digital.
Quezada, de 27 años y licenciada en administración turística, también coronada Miss Nicaragua 2017, integra la fórmula presidencial inscrita este lunes por el Partido Ciudadanos por la Libertad, junto al excomandante de la contrarrevolución y ganadero Óscar Sobalvarro, candidato presidencial.
Luego de la inscripción del lunes en Managua, Quezada le habló a CNN sobre la falta de garantías para un proceso electoral: “En Nicaragua las condiciones nunca han estado, las condiciones las pone el pueblo. ¿Y cómo las pone? Saliendo a votar. Como lo hemos hecho en las calles, como lo hicimos en 2018, como lo hicimos en abril”, dijo Quezada.
La candidata se suma a los 31 opositores detenidos por la Policía desde el 28 de mayo en Nicaragua, incluidos 7 precandidatos presidenciales. En su mayoría son investigados por supuestas acciones contra la soberanía nacional, señalamientos que son rechazados tanto por sus familiares como por sus abogados.
En 2018 se iniciaron las protestas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega, inicialmente contra una impopular reforma al sistema de pensiones, que escaló a una petición de cambios en el sistema democrático.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en las protestas murieron 318 personas y al menos otras 2.000 resultaron heridas. La ONU ha calculado que posteriomente unos. 100.000 nicaragüenses han salido del país. El gobierno reconoció 200 muertos, incluyendo policías y mantiene la versión de que todo no fue más que un intento de golpe de Estado financiado por Estados Unidos.
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